Suprema Corte de Finlandia R2012/1093 – KKO:2015:83
A, consciente de su infección por el VIH, mantuvo varias veces relaciones sexuales anales sin protección con B sin hablarle de su enfermedad. B no se había infectado con el VIH. La cuestión de si A había causado un grave peligro para la vida o la salud de B.
Este documento fue traducido de su idioma original usando DeepL Pro (una aplicación web basada en inteligencia artificial) a fin de facilitar la lectura del contenido para los usuarios de la HIV Justice Academy. Reconocemos las limitaciones de las traducciones realizadas a través de este tipo de tecnología y no podemos garantizar la precisión de la versión traducida.
El documento original está disponible en https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2015/20150083
El sistema está roto – Auditoría de las leyes de pruebas obligatorias en Australia
La auditoría, dirigida por Sally Cameron, analista principal de políticas de la Red de Justicia del VIH, en nombre de la HJN y de la Asociación Nacional de Personas con VIH de Australia (NAPWHA), reveló que las leyes de pruebas obligatorias están en desacuerdo con la política nacional de pruebas del VIH y están operando al margen de las respuestas estructuradas y altamente exitosas al VIH gestionadas por los médicos y los departamentos de salud. La auditoría descubrió que, en muchos casos, las leyes, su aplicación y su seguimiento incluyen numerosos fallos estructurales, que suelen darse en varios estados.
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E.L (femenino) c. la República, (Caso penal Nro. 36 de 2016) [2016] MWHC 656 (19 de enero de 2016)
El presente caso se refiere a los derechos de las personas que viven con VIH y un enfoque basado en los derechos humanos de una disposición penal sobre la transmisión negligente, imprudente o ilegal de una enfermedad que pone en peligro la vida.
Derecho penal, salud pública y transmisión del VIH : un documento de opciones de política
El texto propone una orientación para guiar las reflexiones sobre la legislación y las políticas relacionadas con el derecho penal y el VIH, considera alternativas a la criminalización y hace recomendaciones sobre el uso adecuado de la aplicación de las sanciones penales y otras medidas de salud pública coercitivas.